Cuando sea contrario a la ley, a los estatutos o al reglamento de la junta; cuando lesione el interés social en beneficio de uno o varios socios o de un tercero; o cuando sea abusivo. La legitimación corresponde a los socios que representen al menos el 1% del capital, salvo en los acuerdos contrarios al orden público que cualquier socio puede impugnar. El plazo general es de un año desde la adopción.

El socio tiene derecho a obtener información sobre los asuntos del orden del día antes de la junta y, en general, sobre la marcha de la sociedad. La negativa injustificada puede dar lugar a impugnación del acuerdo adoptado sin información suficiente y a responsabilidad de los administradores. En sociedades cotizadas, el régimen es más estricto. Documenta siempre las solicitudes de información por escrito.

En los supuestos legales (sustitución o modificación sustancial del objeto social, prórroga de la sociedad, reactivación, traslado del domicilio al extranjero, transformación, etc.) y en los previstos en los estatutos. También en supuestos específicos como la falta sistemática de reparto de dividendos en sociedades no cotizadas cuando concurran los requisitos legales. El socio que se separa tiene derecho al reembolso del valor razonable de sus participaciones.

En sociedades limitadas, cuando el socio incumple la obligación de realizar prestaciones accesorias, cuando infringe la prohibición de competencia o cuando concurre causa estatutariamente prevista. Si el socio expulsado representa más del 25% del capital, la exclusión exige resolución judicial. La exclusión es una medida grave que requiere acreditación rigurosa de la causa.

Los empates al 50% son la pesadilla de cualquier sociedad: bloquean acuerdos, paralizan la actividad y consumen recursos en disputas. Las vías habituales son negociación de salida pactada (comprar/vender mediante cláusula tipo «shotgun»), mediación, arbitraje si se pactó en estatutos, o procedimiento judicial. Cuando la situación es insostenible, la disolución forzosa por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social es la última opción.

Depende. El arbitraje suele ser más rápido y confidencial, especialmente útil cuando se quiere proteger la reputación de la sociedad. El procedimiento judicial ofrece más garantías procesales, recurso ante tribunales superiores y posibilidad de medidas cautelares más amplias. La elección la determinan los estatutos o un pacto válido. Si no hay cláusula arbitral, la vía es la judicial.