Persona física o jurídica titular de un derecho de crédito frente al deudor. En un concurso se clasifica como privilegiado, ordinario o subordinado, lo que determina su orden de cobro.

Documento con el que el inspector formaliza el resultado de la inspección tributaria. Puede ser de conformidad (acepta la propuesta), de disconformidad (la rechaza) o con acuerdo (negocia ajustes). Cada modalidad tiene efectos distintos sobre las sanciones y la posibilidad de recurso.

Órgano técnico designado por el juzgado de lo mercantil al declarar el concurso. Se encarga de elaborar el inventario, la lista de acreedores y de supervisar o sustituir la gestión del deudor según el régimen aplicable.

Posibilidad de pagar una deuda con la AEAT en un plazo posterior al voluntario, normalmente con intereses de demora y con exigencia de garantías o aval bancario a partir de determinados importes. Puede solicitarse en periodo voluntario o ejecutivo.

Mecanismo por el cual el destinatario de una operación se repercute a sí mismo el IVA correspondiente (típico en adquisiciones intracomunitarias y supuestos de inversión del sujeto pasivo). Se declara como IVA devengado y, simultáneamente, como soportado deducible.

Cuantía sobre la que se aplica el tipo impositivo para obtener la cuota tributaria. En el IS resulta del resultado contable ajustado con los ajustes extracontables previstos en la normativa fiscal.

Resultado fiscal negativo del Impuesto sobre Sociedades que puede compensarse con bases positivas de ejercicios futuros, con los límites cuantitativos y temporales previstos por la ley. Su correcta documentación es crítica en operaciones de reestructuración.

Requisito esencial para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho (Ley de Segunda Oportunidad). Implica no haber sido condenado por determinados delitos, no haber rechazado ofertas razonables de empleo y no haber actuado con dolo o negligencia grave en la generación del sobreendeudamiento.

Fase del concurso en la que se determina si la insolvencia es fortuita o culpable. La calificación culpable puede implicar responsabilidad personal del administrador por las deudas no cubiertas con la masa, inhabilitación temporal y pérdida de derechos como acreedor.

Tratado bilateral entre dos Estados que reparte la potestad tributaria sobre rentas con conexión internacional (dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, beneficios empresariales). Su correcta aplicación evita que una misma renta tribute dos veces.

Conjunto de medidas de organización, gestión y control que adopta una persona jurídica para prevenir delitos y, en su caso, excluir o atenuar su responsabilidad penal (art. 31 bis CP). Incluye análisis de riesgos, código ético, canal de denuncias y órgano de control.

Escrito presentado por el deudor en el juzgado de lo mercantil para iniciar un preconcurso. Suspende ejecuciones singulares sobre bienes necesarios y abre el plazo para alcanzar un plan de reestructuración u otra solución preconcursal.

Procedimiento judicial colectivo de respuesta a la insolvencia del deudor (empresarial o particular). Puede ser voluntario (instado por el deudor) o necesario (instado por un acreedor) y puede concluir en convenio, liquidación o, en su caso, exoneración del pasivo insatisfecho.

Acuerdo entre deudor y acreedores en el concurso, aprobado judicialmente, que establece quitas y/o esperas sobre el pasivo. Permite continuar la actividad y evitar la liquidación si se cumple. Su aprobación requiere mayorías cualificadas legalmente establecidas.

Acuerdo negociado entre la representación de los trabajadores y la empresa (o asociación patronal) que regula las condiciones de trabajo en un ámbito concreto: empresa, sector, provincia, comunidad autónoma o estatal.

Acto administrativo por el que Hacienda o la Seguridad Social exigen a un tercero (administrador, sucesor de actividad, partícipe) el pago de una deuda originalmente del obligado tributario, cuando concurren los presupuestos legales (solidaria o subsidiaria).

Extinción del contrato decidida por la empresa por incumplimiento grave y culpable del trabajador (faltas repetidas de asistencia, indisciplina, transgresión de la buena fe contractual, etc.). Si es procedente, no genera derecho a indemnización ni a desempleo.

Extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por ineptitud sobrevenida del trabajador o falta de adaptación. Si es procedente, genera indemnización de 20 días por año con tope de 12 mensualidades.

Acuerdo o causa legal por la que se inicia la extinción de una sociedad. Va seguida del periodo de liquidación, en el que se realizan los activos y se pagan las deudas antes de cancelar la sociedad en el Registro Mercantil.

Proceso de revisión legal, fiscal, financiera y laboral de una empresa con carácter previo a una operación de adquisición, fusión, inversión o financiación, con el fin de identificar riesgos y ajustar las condiciones del acuerdo.

Procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando se supera el umbral cuantitativo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Requiere periodo de consultas y comunicación a la autoridad laboral.

Suspensión temporal de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor. La relación laboral se mantiene y los trabajadores acceden a prestación por desempleo durante la suspensión.

Lugar fijo de negocios o agente dependiente a través del cual una empresa no residente desarrolla parte o la totalidad de su actividad en otro Estado. Su existencia atribuye potestad de gravar al Estado donde se ubica, sobre los beneficios atribuibles.

Mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad por el que el deudor persona física, cumplidos los requisitos de buena fe, obtiene la cancelación de las deudas no satisfechas tras la liquidación de su patrimonio o tras un plan de pagos.

Tributación de las plusvalías latentes en determinados activos cuando un contribuyente pierde la condición de residente fiscal en España y traslada su residencia al extranjero. Tiene reglas especiales según la jurisdicción de destino (UE/EEE vs terceros países).

Documento que corrige una factura previa por error material, devolución, descuento o impago. Permite, entre otras cosas, recuperar el IVA de créditos incobrables si se cumplen los requisitos formales y temporales del artículo 80 LIVA.

Régimen especial de neutralidad fiscal previsto en la LIS para reestructuraciones empresariales: difiere la tributación de las plusvalías latentes hasta una posterior transmisión, siempre que la operación responda a motivos económicos válidos.

Fondo de Garantía Salarial. Organismo público que abona a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes en casos de insolvencia o concurso de la empresa, con los límites previstos en la normativa.

Sociedad cuya actividad principal es la tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades. Bien estructurada, permite optimizar el reparto de dividendos, gestionar el patrimonio empresarial y planificar la sucesión generacional con seguridad jurídica.

Resolución del juez de lo mercantil que aprueba un plan de reestructuración o un acuerdo extrajudicial y le otorga eficacia frente a acreedores disidentes (cross-class cram down) cuando se cumplen los requisitos legales.

Calificación judicial del despido cuando no se acredita la causa alegada o se incumplen requisitos formales sustanciales. La empresa debe optar entre readmitir al trabajador o pagar una indemnización (33 días por año tras el RDL 3/2012, con tope de 24 mensualidades, salvo antigüedad anterior).

Situación en la que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La normativa concursal distingue tres grados: probabilidad de insolvencia (permite plan de reestructuración), insolvencia inminente (concurso voluntario u otras vías) e insolvencia actual (deber legal de instar el concurso).

Procedimiento administrativo de comprobación e investigación de obligaciones tributarias. Puede ser general (varios tributos y ejercicios) o parcial (alcance limitado). Su duración máxima es de 18 meses, ampliable a 27 en supuestos tasados.

Excepción a la regla general de repercusión del IVA: en supuestos tasados (servicios de no establecidos, oro, residuos, ciertas ejecuciones de obra), el sujeto pasivo es el destinatario empresario, que se autorrepercute el impuesto en su declaración.

Órgano soberano de la sociedad de capital, integrado por los socios, que adopta los acuerdos fundamentales: aprobación de cuentas, nombramiento de administradores, modificaciones estatutarias, transformación, fusión, disolución, etc.

Órgano judicial especializado que conoce, entre otras materias, de los concursos de personas jurídicas, planes de reestructuración, impugnaciones de acuerdos sociales, conflictos societarios y derecho de la competencia.

Fase del concurso o del proceso de disolución social en la que se realizan los bienes del deudor para pagar a los acreedores conforme al orden legal. Puede concluir el procedimiento con o sin satisfacción íntegra del pasivo.

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Complementa el RGPD en lo que la normativa europea remite al legislador nacional y reconoce derechos digitales específicos del ordenamiento español.

Operaciones de fusión y adquisición de empresas. Comprenden compraventa de participaciones (share deal), compraventa de activos (asset deal), fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canjes de valores.

Masa activa: conjunto de bienes y derechos del deudor afectados al concurso. Masa pasiva: conjunto de créditos contra el deudor reconocidos en el concurso, clasificados según su rango legal.

Declaración informativa anual obligatoria para residentes fiscales en España con cuentas, valores o inmuebles en el extranjero por importe superior a 50.000 € en cada categoría. Para criptomonedas custodiadas en el extranjero existe el modelo 721.

Calificación judicial del despido en casos de vulneración de derechos fundamentales, embarazo, ejercicio de derechos de conciliación u otros supuestos legales. Obliga a la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios de tramitación.

Transacción entre partes que mantienen una relación de control o vinculación (sociedades del mismo grupo, socio con participación significativa, administradores y sus familiares). La normativa fiscal obliga a valorarlas a precios de mercado y documentarlas formalmente.

Ventanilla única europea para el IVA del comercio electrónico transfronterizo B2C: OSS-Unión (ventas intracomunitarias a consumidores) e IOSS (ventas a distancia de bienes importados de valor inferior a 150 €). Se declara mediante el modelo 369.

Acuerdo privado entre los socios de una sociedad que regula cuestiones no recogidas o complementarias a los estatutos: política de dividendos, mayorías reforzadas, restricciones a la transmisión, derechos drag & tag along, no competencia, mecanismos de salida.

Régimen fiscal de reducción de la base imponible del IS por las rentas obtenidas de la cesión de uso o explotación de determinados intangibles (patentes, modelos de utilidad, software avanzado), siempre que se cumplan los requisitos de nexus y documentación.

Modalidad de exoneración del pasivo insatisfecho en la Ley de Segunda Oportunidad por la que el deudor obtiene la cancelación de las deudas no satisfechas a cambio de cumplir un plan de pagos durante tres o cinco años, sin liquidar la totalidad de su patrimonio.

Herramienta preconcursal introducida por la Ley 16/2022 para empresas viables. Permite reestructurar el pasivo, transmitir unidades productivas, modificar contratos o ampliar capital con homologación judicial, evitando el concurso. Puede imponerse a acreedores disidentes con garantías legales.

Fase previa al concurso de acreedores que se inicia con la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones. Permite suspender ejecuciones singulares y abrir el plazo para alcanzar un plan de reestructuración, un acuerdo de refinanciación u otra solución preconcursal.

Regla de deducción del IVA soportado cuando el sujeto pasivo realiza, junto a operaciones con derecho a deducción, otras que no lo generan. Admite dos modalidades: prorrata general (porcentaje único anual) y prorrata especial (afectación directa de cada IVA soportado).

Recurso administrativo potestativo que se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto tributario, en el plazo de un mes desde su notificación. No es preceptivo: el contribuyente puede acudir directamente a la reclamación económico-administrativa.

Reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aplicable a la transmisión de empresa familiar cuando se cumplen los requisitos legales (actividad económica, exención previa en Patrimonio, mantenimiento durante 5 o 10 años según comunidad).

Régimen especial para trabajadores desplazados a España (art. 93 LIRPF). Permite tributar como no residente durante seis años con tipo del 24 % hasta 600.000 €. La Ley 28/2022 amplió el régimen a trabajadores en remoto, emprendedores y profesionales altamente cualificados.

Conjunto de mecanismos legales que permiten a las personas físicas sobreendeudadas obtener la cancelación de sus deudas a través de la exoneración del pasivo insatisfecho. Regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal tras la reforma de 2022.

Sistema de envío telemático cuasi inmediato a la AEAT de los registros de facturación del IVA. Obligatorio para grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el REDEME; voluntario para el resto.

Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima. Las dos formas societarias capitales más habituales en España. La SL es flexible y restringe la libre transmisión; la SA tiene capital mínimo superior, exige aportación íntegra y permite mayor libertad transmisiva.

Posibilidad de impedir que una deuda tributaria sea exigible mientras se sustancia un recurso. Puede ser automática (con aval bancario o seguro de caución), con otras garantías o, excepcionalmente, sin garantía por perjuicios de difícil reparación.

Tribunal Económico-Administrativo Regional y Central. Órganos administrativos especializados que resuelven las reclamaciones contra actos tributarios. Su recurso es vía obligatoria previa al contencioso-administrativo.

Real Decreto Legislativo 1/2020, modificado por la Ley 16/2022, que regula el derecho concursal español: preconcurso, concurso de acreedores, planes de reestructuración, microempresas, calificación y Segunda Oportunidad.