Sí, son instrumentos complementarios. Los estatutos regulan el funcionamiento societario en lo que la ley permite y son públicos al inscribirse en el Registro Mercantil. El pacto de socios regula entre las partes aspectos que no caben en estatutos: derechos de arrastre y acompañamiento, mayorías reforzadas para decisiones críticas, mecanismos de salida, no competencia, etc. Es privado y permite mucha más flexibilidad. Toda sociedad con varios socios debería tener uno.

Los administradores responden personalmente con su patrimonio cuando, por dolo o culpa, causan daño a la sociedad, a los socios o a terceros. Las acciones más frecuentes son la acción social (en interés de la sociedad), la acción individual (en interés de socios o terceros perjudicados) y la responsabilidad por deudas sociales en supuestos como el cese de hecho o la falta de disolución obligatoria. Son riesgos reales y la mejor defensa es la diligencia documentada desde el primer día.

No es obligatorio para todas las empresas, pero sí es muy recomendable. Un programa de compliance penal correctamente implantado puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al Código Penal. Además, ciertos sectores tienen obligaciones específicas (prevención de blanqueo, protección de datos, canal de denuncias para empresas a partir de cierto tamaño). El compliance es una inversión que rinde cuando llega un problema.

Es la revisión jurídica, fiscal y financiera de una empresa antes de su compra. Su objetivo es identificar contingencias ocultas, riesgos no declarados y obligaciones pendientes que afecten al precio o a las garantías que el comprador exigirá al vendedor. Una due diligence bien ejecutada determina la estructura del contrato de compraventa, las manifestaciones y garantías y el sistema de indemnizaciones. Es la base de cualquier operación de M&A profesional.

Estrecha. La responsabilidad de los administradores se cruza con la calificación del concurso: lo que se hace o no se hace en sede mercantil determina muchas veces el resultado en sede concursal. Una buena defensa de un administrador empieza años antes del concurso, en cómo se gestionó la sociedad. Coordinamos las dos áreas para protegerlo en ambas dimensiones.

Sí, en determinados supuestos legales (por ejemplo, modificaciones sustantivas del objeto social o cuando los estatutos lo prevén) o por las causas pactadas en un pacto de socios. Si el desacuerdo no encaja en esos supuestos, queda la vía de la negociación de la salida o, en última instancia, la disolución de la sociedad por imposibilidad de cumplir el fin social. La estrategia depende mucho de los instrumentos previos y del tipo de conflicto.